El 23 de marzo de 2026, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable al Real Decreto que pretende hacer obligatorio el fichaje digital en todas las empresas españolas. Su conclusión fue tajante: “no procede aprobar el real decreto proyectado” . Pero, y esto es lo que muchos titulares se están saltando, el Gobierno no está obligado a modificar el texto, porque el Consejo de Estado es un órgano consultivo cuyos dictámenes no tienen carácter vinculante en la mayoría de los casos. El Ministerio de Trabajo ha confirmado que sigue adelante. Si tienes una pyme o eres autónomo con empleados, esto es lo que de verdad te afecta.
Qué es el Consejo de Estado y por qué importa este dictamen
El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno. Cuando el Ejecutivo prepara un Real Decreto de cierto calado, está obligado a pedirle opinión. El problema es que esa opinión no es obligatoria: el Gobierno puede ignorarla y tirar adelante igual.
Entonces, ¿para qué sirve? Principalmente para dos cosas. Primera: obliga al Ministerio a corregir los aspectos más vulnerables del texto antes de que llegue al Consejo de Ministros, precisamente para blindarlo de futuras impugnaciones judiciales. Segunda: da argumentos a quienes quieran recurrir la norma una vez publicada en el BOE. Y en este caso, la patronal CEOE ya ha avanzado que dará la batalla en los tribunales.
Así que el dictamen no para el tren, pero sí ralentiza la locomotora y obliga al Ministerio a retocar los vagones.
Las cinco críticas del Consejo de Estado que debes conocer
El Consejo de Estado considera que el texto presenta importantes deficiencias: no evalúa correctamente el impacto económico —especialmente en pymes—, impone obligaciones que deberían tramitarse como ley y no como reglamento, no se adapta a las particularidades de distintos sectores y no garantiza adecuadamente la protección de datos de los trabajadores.
Vamos por partes, porque cada punto te afecta de una manera diferente si eres un empresario pequeño.
1. El coste real para las empresas: 867 millones de euros
Este es el número que más ha sacudido el debate. El Consejo de Estado estima que la medida supondría un coste mínimo de 867 millones de euros para las pymes, cifra que considera infravalorada en la memoria económica del Ministerio. El coste estimado de 55,4 euros anuales por trabajador se aplicaría a más del 94% del empleo en España.
Para hacértelo concreto: una empresa con 10 empleados tendría unos gastos destinados al registro horario digital de 554 euros al año, lo que supone 46,16 euros mensuales. El Consejo califica de “poco realista” la afirmación del ministerio de que la medida no supondrá una carga importante.
2. Se aprueba como reglamento cuando debería ser ley
Este es el argumento jurídico más explosivo, y el que más munición da a la CEOE para ir a los tribunales. El Consejo de Estado considera que una obligación de este calado debería tramitarse como ley ordinaria en el Parlamento, no como Real Decreto. Es decir, la vía rápida que eligió Trabajo no sería la correcta.
El Ministerio, sin embargo, eligió la vía del Real Decreto precisamente para evitar el Congreso, donde después de que la reducción de jornada fuera tumbada con los votos de PP, Vox y Junts, Díaz decidió seguir adelante con el endurecimiento del registro horario en otra norma separada.
3. Un sistema único no puede funcionar en todos los sectores
El Consejo señala que la norma aplica el mismo rasero a una empresa de logística, a un bar de barrio y a una constructora. Y eso no tiene sentido. El dictamen menciona expresamente casos como la hostelería, los trabajadores ferroviarios o los porteros de fincas, donde las condiciones laborales dificultan la aplicación de un sistema digital único.
4. La protección de datos, sin garantías suficientes
El dictamen señala que el proyecto no garantiza suficientemente la seguridad de la información ni define aspectos clave del sistema, como el uso de datos biométricos o los mecanismos de acceso. Advierte de que la iniciativa podría afectar al derecho fundamental a la intimidad si no se concretan mejor las garantías técnicas.
5. La urgencia no está justificada
El Consejo también critica la escasa justificación de la urgencia del proyecto, la insuficiencia de la memoria de impacto normativo y la falta de integración de las observaciones de otros organismos. En la práctica, esto significa que el Ministerio tramitó el decreto deprisa y corriendo, y se nota.
Qué va a hacer el Ministerio de Trabajo ahora
Aquí está la clave que más te interesa: pese a este posicionamiento desfavorable del Consejo de Estado, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que seguirán adelante en la tramitación de la norma para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.
Trabajo ha señalado que hará algunos cambios, relacionados con la protección de datos y el papel de la negociación colectiva, para seguir adelante con esta reforma y llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros.
Las modificaciones que se contemplan son meramente técnicas. El núcleo del proyecto —un registro horario digital, obligatorio y accesible para la Inspección— permanece intacto.
Hay, eso sí, tensión interna en el Gobierno. Este choque evidencia una tensión clásica dentro de los gobiernos de coalición: el equilibrio entre protección social y competitividad económica. Mientras Trabajo prioriza la lucha contra la precariedad, Economía alerta de los costes regulatorios y de la inseguridad jurídica que podría generar la norma.
Un dato concreto que ha salido de esta tensión: el 1 de abril de 2026, tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, el nuevo ministro de Economía y vicepresidente primero propuso dar un año de plazo a las pymes para implementarlo. Trabajo, por su parte, habla de seis meses. La cifra final está por decidir.
Tres escenarios posibles para los próximos meses
Con toda esta información sobre la mesa, la situación para las empresas se puede resumir en tres escenarios, de más a menos probable según la evolución de las últimas semanas:
Escenario 1 — El más probable: decreto retocado y aprobado en 2026. El Ministerio incorpora cambios técnicos en protección de datos y quizás modula los sectores afectados. Lo lleva al Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Las pymes tendrían entre seis meses y un año para adaptarse desde la publicación en el BOE.
Escenario 2 — Posible pero menos probable: retraso hasta 2027. Si las tensiones internas del Gobierno se agravan o la CEOE obtiene medidas cautelares en los tribunales, el calendario se alarga. No sería la primera vez: con Verifactu pasó algo similar.
Escenario 3 — Muy improbable: tramitación como ley. Tramitar una ley daría mayor estabilidad pero dilataría los plazos de aprobación. El Ministerio no va a elegir voluntariamente la vía más lenta.
Lo que no cambia: ya tienes obligación desde 2019
Aquí muchos empresarios cometen el error más caro que pueden cometer. Leer que el decreto está “en el aire” y concluir que pueden esperar. Es un error que puede salir muy caro.
El RDL 8/2019 introdujo la obligación de registrar la jornada laboral (art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores), pero dejó abierta una laguna crítica: no especificó requisitos técnicos concretos. Eso es lo que intenta resolver el nuevo decreto. Pero la obligación de registrar la jornada existe ya. Hoy. Con lo que tienes.
El formato válido actualmente permite papel, Excel o sistemas digitales, siempre que el registro sea objetivo, fiable, accesible y se conserve durante 4 años. El problema es que, en la práctica, un Excel sin protección de datos ni trazabilidad no cumple el requisito de “fiable” ante una inspección.
Y la Inspección está activa. La Inspección de Trabajo levantó 1.869 actas de infracción por registro horario en 2024, un incremento del 90,7% respecto a 2019. Las multas alcanzaron 20,19 millones de euros ese mismo año.
Las sanciones actuales, según el art. 7.5 de la LISOS y el art. 40.1:
- Infracción grave (no tener registro o llevarlo incorrectamente): de 751 € a 7.500 € por trabajador afectado.
Las sanciones se aplican por trabajador afectado, no por empresa: si la Inspección detecta deficiencias generalizadas, puede considerar una infracción por cada empleado.
Y cuando el nuevo decreto entre en vigor, el borrador prevé sanciones de hasta 10.000 € por trabajador en grado máximo. Una empresa con 20 empleados sin registro podría enfrentarse a multas de hasta 200.000 € en el escenario más grave. Estas cuantías aún están pendientes de aprobación definitiva, pero marcan la dirección.
Qué va a exigir el nuevo decreto cuando llegue
Aunque el texto final puede sufrir cambios, el borrador es suficientemente claro sobre lo que se viene. La digitalización del sistema implicará que el registro deba realizarse mediante software o terminal electrónico, quedando prohibidos papel y hojas de cálculo. Cada día deberán registrarse entrada, salida, pausas y, cuando existan, horas extraordinarias con su retribución. El fichaje debe hacerse con credenciales únicas —usuario+PIN, QR, tarjeta/NFC—, excluyendo métodos biométricos de alto riesgo. Los datos no podrán alterarse sin dejar constancia. Y la Inspección de Trabajo y la representación de los trabajadores deben poder consultar los datos sin intervención previa del empresario.
Ese último punto —el acceso remoto de la Inspección— es el más novedoso y el que más preocupa a las empresas: el anteproyecto exige que los sistemas de registro horario puedan enviar datos automáticamente a la Inspección de Trabajo mediante un protocolo API REST estandarizado. La ITSS podrá consultar registros de forma remota, sin necesidad de personarse en la empresa.
Los datos deberán conservarse durante 4 años, incluyendo el histórico completo y cualquier modificación realizada.
Qué deben hacer las pymes ahora mismo
El mensaje práctico es sencillo, aunque no siempre cómodo de escuchar:
1. Audita lo que tienes. ¿Llevas el registro en papel o en Excel? ¿Se conserva durante 4 años? ¿Puede demostrar que cada empleado lo firma o confirma? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es “no” o “más o menos”, tienes un problema hoy, no cuando llegue el decreto.
2. No esperes al BOE para moverte. La Inspección de Trabajo ya orienta sus actuaciones hacia el modelo digital, y todo indica que la tendencia sancionadora se intensificará independientemente de cuándo se apruebe el decreto. El retraso legislativo no es una protección, es una falsa sensación de seguridad.
3. Si usas Excel, sé consciente del riesgo. Cuando se apruebe la nueva normativa, Excel dejará de ser válido porque no cumple los requisitos de inmutabilidad ni acceso remoto. Pero incluso hoy, un Excel sin trazabilidad ya genera problemas ante la Inspección.
4. Evalúa el coste real de adaptarte. El Consejo de Estado cifra la adaptación media en 55,4 € por trabajador y año. En la práctica, hay soluciones muy por debajo de esa cifra, especialmente para micropymes con pocos empleados. El coste de la multa mínima por un solo trabajador (751 €) ya cubre más de 13 años de fichaje digital para esa persona.
5. Elige un sistema con trazabilidad desde ahora. Lo que el decreto va a exigir es inmutabilidad, identificación individual y conservación durante 4 años. Cualquier herramienta digital que cumpla esos requisitos hoy te dejará listo para el día del BOE, sin correr.
Preguntas frecuentes
¿El dictamen del Consejo de Estado cancela la obligación del fichaje digital?
No. El dictamen es desfavorable pero no vinculante. El Ministerio de Trabajo confirma que seguirá adelante en la tramitación de la norma para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. La obligación llegará, aunque con el calendario retrasado respecto a lo inicialmente previsto.
¿Tengo que fichar ya aunque el decreto no esté aprobado?
Sí. El RDL 8/2019 (art. 34.9 ET) obliga a todas las empresas a llevar registro diario de jornada desde mayo de 2019. No tenerlo o llevarlo mal es infracción grave según el art. 7.5 de la LISOS: multa de 751 € a 7.500 € por trabajador.
¿Puedo seguir usando papel o Excel hasta que salga el decreto?
La normativa vigente permite papel, Excel o sistemas digitales, siempre que el registro sea objetivo, fiable, accesible y se conserve durante 4 años. La normativa vigente sigue permitiendo sistemas no digitales si cumplen los requisitos legales. Pero atención: un Excel sin protección ni trazabilidad ya genera problemas hoy. Cuando el decreto entre en vigor, papel y Excel quedarán prohibidos expresamente.
¿Cuánto me va a costar pasarme al fichaje digital?
El Dictamen cifra el impacto inicial del registro horario digital en 867 millones de euros, 55,4 euros anuales por cada trabajador afectado. Una empresa con 10 empleados tendrá unos gastos de 554 euros al año, lo que supone 46,16 euros mensuales. Existen herramientas por debajo de ese coste medio, especialmente para micropymes.
¿Cuándo entra en vigor exactamente?
No hay fecha oficial. Tras su publicación en el BOE, entrará en vigor 20 días después, salvo que el texto definitivo establezca un periodo de adaptación más amplio para pymes, entre seis meses y un año, según las distintas propuestas en debate. Sin fecha exacta, pero la dirección es clara: llegará antes de que acabe 2026, con o sin retoques.
Conclusión: el decreto llegará; la pregunta es si estarás listo
El dictamen desfavorable del Consejo de Estado no ha frenado el objetivo del Gobierno, pero sí ha cambiado el eje del debate: el problema ya no es implantar un sistema digital, sino hacerlo viable en un mercado laboral que no funciona de forma uniforme.
Para una pyme pequeña, el mensaje real es este: el ruido político en torno al dictamen no te protege. La obligación de registrar jornada existe desde 2019. La Inspección ya actúa. Y el decreto, con más o menos retoques, llegará. Confundir retraso legislativo con ausencia de riesgo es el error que están cometiendo miles de empresas que luego se encuentran con un acta de infracción. Las que se preparan ahora cumplirán sin sobresaltos cuando llegue el BOE; las que esperan, tendrán que improvisar en 20 días.
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